El 27 de enero de 2020, la Corte Suprema decidió suspender una orden judicial contra la “regla de la carga pública”. ¿Qué significa todo eso? Esencialmente, la Administración Trump creó una nueva regla que se habría aplicado a muchos inmigrantes en los Estados Unidos, particularmente a aquellos que buscan la residencia permanente. La norma se anunció el 14 de agosto de 2019 y estaba programada para entrar en vigencia el 15 de octubre de 2019. Antes de que eso pudiera suceder, varios tribunales federales de distrito emitieron lo que se denominan “injunctions” or mandatos contra la norma, evitando que entre en vigencia. Desde ese momento, la inmigración no ha podido comenzar a aplicar la regla.
La decisión de la Corte Suprema no es una decisión final sobre la regla en sí, que probablemente se abrirá paso a través del sistema judicial federal primero. Esta decisión solo está relacionada con una solicitud de “stay”, o suspención, que es esencialmente una orden judicial para detener temporalmente la acción de un tribunal inferior. Dicho de otra manera, la Corte Suprema anuló las decisiones de los tribunales inferiores, y dado que esas decisiones fueron todo lo que detuvo la nueva regla, esa regla probablemente entrará en vigencia pronto.
¿Por qué hizo esto la Corte Suprema? El Tribunal emitió una decisión explicando su razonamiento, pero no una decisión completa como se hace al final de un caso. Este tipo de decisiones rara vez implican una discusión exhaustiva de los problemas legales involucrados; más bien, se ocupan de si una regla entra en vigencia mientras es impugnada en los tribunales. Puede leer la decisión a continuación:
La decisión se tomó en una división de 5-4, lo que significa que fue muy divisiva. La única opinión refleja las crecientes preocupaciones sobre las órdenes judiciales que tienen un impacto a nivel nacional. Los cuatro jueces disidentes no escribieron para explicar su razonamiento, lo cual es típico. El juez Gorsuch escribió una opinión concurrente, unida por el juez Thomas, que arroja algo de luz sobre lo que al menos dos de los jueces estaban pensando. Un breve resumen de los puntos clave es:
- El juez Gorsuch está claramente molesto por los jueces de los tribunales de distrito que impiden que el gobierno implemente una norma, aplicando ese alivio a todos sin importar dónde vivan o si fueron parte de la demanda en cuestión.
- La decisión es el resultado del uso cada vez mayor de órdenes judiciales, que se deriva directamente del impulso de la Administración Trump para modificar el sistema de inmigración a través de las regulaciones en la mayor medida posible, a menudo empujando los límites de la ley y siempre creando litigios.
- El juez Gorsuch parece creer que solo las partes en un caso deberían estar implicadas en un mandato de una regla como esta, y parece anhelar la oportunidad de frenar la práctica en general.
Estos son temas interesantes, y no hay duda de que los casos futuros podrían presentar una oportunidad para que la Corte Suprema reduzca la capacidad de los tribunales inferiores para emitir órdenes judiciales. Al mismo tiempo, la práctica de las órdenes judiciales parece derivarse directamente del aumento del uso de normas sustantivas por parte de varias administraciones, incluidas Trump y Obama, que también tienen un impacto nacional y afectan a millones de personas.
Hay una muy buena razón para evitar que el gobierno implemente una nueva regla controvertida mientras el tema se revisa en los tribunales: la regla podría ser inconstitucional. En la práctica, puede frustrar la capacidad de una administración para implementar su voluntad, como lo hizo evitar que Obama implemente su programa DAPA. Pero no hay nada que impida que los Tribunales de Apelaciones del Circuito emitan sus propias suspensiones, como sucedió aquí en varios casos, ni que la Corte Suprema lo interrumpa por su cuenta. El gobierno federal ciertamente está en una mejor posición para litigar estos asuntos que los millones de personas que de otro modo tendrían que demandar individualmente para obtener medidas cautelares individuales, como parece favorecer el juez Gorsuch. A pesar de sus preocupaciones, esto parece más eficiente que la alternativa que parece favorecer.
¿Cuál es el efecto práctico de esta decisión? Por el momento, nada ha cambiado. Pero es probable que USCIS anuncie una fecha para comenzar a implementar la regla, con todos sus cambios sustantivos, dentro de días o semanas. Eso es significativo Ese anuncio probablemente aparecerá en el sitio web de USCIS. Parece que la decisión no se extiende a la orden judicial que se aplica en el estado de Illinois, por el momento, pero dado que la regla aún no se ha implementado en ningún lado, es mejor esperar y ver cómo la inmigración lo interpreta con respecto al impacto geográfico.
¿Qué deberían hacer los abogados y los solicitantes ahora? Presente sus solicitudes. Si está esperando en enviar algún ajuste de estado que pueda verse afectado por esta regla, es probable que deba enviarse por correo inmediatamente. La implementación de la regla significará que se deben volver a hacer muchos formularios, se requerirán formularios y tarifas completamente nuevos, y algunas personas podrían incluso ser rechazadas en función de los motivos de la carga pública. Cualquier persona que todavía esté en el proceso de preparación de una solicitud debe reevaluar su elegibilidad, qué formularios es probable que requieran cambios y discutir esas cosas con un abogado.